Algo extraño ha comenzado a aparecer en los comercios venezolanas: comida.
Después de años de desabastecimiento de
los bienes más elementales, los anaqueles nuevamente muestran productos
importados como margarina brasileña o arroz colombiano. Sin embargo,
esta aparente abundancia llega con un precio. La mayoría de los
consumidores no pueden adquirirlos.
Sin que mediara un anuncio formal sobre
un cambio de políticas, el gobierno venezolano ha dejado de imponer
controles de precios a establecimientos privados, donde los encargados
afirman que no han visto a inspectores desde el pasado mes de julio. En
vez de regular, las autoridades han ordenado a los distribuidores que
entreguen la mitad de su producción a las redes de los CLAP, que
reparten bolsas de comida en los sectores populares. El resto puede ser
vendido al precio que consideren.
Analistas como Asdrúbal Oliveros,
director de Ecoanalítica, hablan de un “ajuste sucio” llevado a cabo por
el gobierno, en referencia a la falta de anuncios sobre reformas
económicas.
Explica que el gobierno suministra
productos a los CLAP contando con dólares a 10 bolívares, mientras los
comerciantes importan a la tasa Simadi de 660 bolívares por dólar, o a
la paridad aún más elevada del mercado paralelo.
El alivio de observar productos
nuevamente en los puntos de venta podría resultar efímero, a medida que
los precios siguen su espiral ascendente, explica José Antonio Gil
Yépez, director de la firma Datanálisis.
A su juicio, esta nueva política será de
corto plazo porque menos de 20% de la población puede comprar a precios
internacionales, lo cual significará una mayor pérdida de popularidad,
aumento de la presión para cambiar al presidente y empobrecimiento.
Carmen Hurtado, un ama de casa de la
barriada de Santa Cruz del Este de 72 años, se alegró al encontrar
nuevamente latas de insecticida, pero manifestó preocupación por el
nuevo precio.
Igualmente, en una carnicería de lujo
del este de Caracas, el propietario afirmó que sus precios se
dolarizaron una vez que el gobierno suspendió sus inspecciones en el
transcurso de los últimos dos meses. Solicitó no ser mencionado con su
nombre para no llamar la atención.
Algunos precios han alcanzado niveles
superiores a los del mercado internacional como una forma de compensar
por las pérdidas acumuladas de distribuidores y comerciantes.
Una botella de Ketchup Heinz en Chacao
se vende a 6.670 bolívares, lo que la deja fuera del alcance de la
mayoría de la población.
Un empaque pequeño de Nescafé
instantáneo se consigue a 16.000 bolívares, frente al precio regulado de
694 del café, cuando se consigue.
Estos nuevos precios no solo rigen para una pequeña élite.
Desde la aparición de los CLAP, que
contienen productos como harina, pasta, azúcar y café, la distribución
ha sido irregular en el mejor de los casos, y la oposición ha denunciado
que quienes son adversos al régimen están excluidos del mecanismo. Las
bolsas también han aparecido en el mercado negro, donde pueden ser
adquiridas por varias veces su precio oficial.
Para la mayoría de los venezolanos, los
precios están subiendo incluso si se calculan en dólares. En Altamira se
puede comprar una hallaca por 5.200 bolívares, mientras que hace un año
costaba tan sólo 1.320.
De acuerdo con estimaciones privadas,
como la llevada a cabo por Cenda, los precios de los alimentos han
subido más de 2.000% en el último año. Sin estadísticas oficiales de
inflación, en vista de que el Banco Central de Venezuela no ha divulgado
este año el comportamiento del índice de precios, las previsiones
varían entre 200 y 1.500% para este año.
A juicio de Marco Ponce, director del
Observatorio de Conflicitivad Social, el problema de fondo permanece
intacto: No se ha encontrado ninguna solución para la falta de
producción local.
Fuente: Bloomberg.com
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